Criminalización, cárcel y producción de subjetividad : Luchas por la tierra y el territorio en México

Abstract

Las siguientes páginas tienen como objetivo dar cuenta de un proceso de reflexión sobre las estrategias de criminalización que se despliegan en el marco de los conflictos socioambientales en México, específicamente, apunta a conocer la experiencia de hombres y mujeres que en la lucha por la defensa de sus territorios han conocido la violencia de Estado bajo la forma del encarcelamiento selectivo, viendo sus vidas profunda y definitivamente transformadas. Estas reflexiones se desarrollan a partir del análisis de un caso, el de la comunidad nahua de San Pedro Tlanixco, donde a raíz de un conflicto por tenencia de aguas, seis indígenas que ocupaban distintos cargos de representación comunitaria fueron detenidos y sentenciados a más de 50 años de cárcel, los seis por el mismo delito, sin que existieran elementos probatorios suficientes para determinar su culpabilidad. Tras permanecer entre 12 y 16 años en el Centro Preventivo y de Readaptación Social (CERESO) de Santiaguito, Estado de México, a principios del 2019 fueron liberados gracias a un proceso de organización amplio, impulsado por sus familias y diversos actores de la sociedad civil. La amenaza y el miedo como elementos centrales de la violencia sociopolítica (Lira y Castillo, 1991), son procesos psicosociales que tienen efectos no solo en los individuos sobre los que se ejerce sino también sobre sus comunidades, aún más cuando la privación de la libertad es comprendida como consecuencia de los procesos colectivos de organización. Así, fueron los presos, pero también sus familias, su pueblo, y el movimiento social en su conjunto, quienes vieron en la prisión un potencial destino, dando lugar a distintas maneras de nombrar y afrontar el encarcelamiento como experiencia colectiva. El de Tlanixco no es un caso aislado, entre los líderes comunitarios más criminalizados figuran quienes promueven los derechos económicos, sociales y culturales, en particular los activistas indígenas y ambientalistas cuya labor está relacionada con proyectos a gran escala de minería, energía o infraestructuras (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2018). En este contexto, el proceso de organización emprendido en Tlanixco llevó a esta comunidad a caminar junto a otros pueblos del Estado de México que han atravesado conflictos similares: con el pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en donde se encuentran organizados hace más de doce años en contra de la construcción de la autopista Toluca- Naucalpan, con las familias de la comunidad de Salazar que defienden sus tierras comunales contra el avance de los proyectos inmobiliarios, y con los compañeros y compañeras de San Salvador Atenco, que fueron reprimidos brutalmente en el 2006 por oponerse a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Estas y otras comunidades han debido sostener sus respectivas luchas en paralelo a la lucha por la libertad de aquellos representantes que fueron encarcelados como resultado de procesos de criminalización.