Portabilidad transfronteriza de derechos sociales: un análisis de la ausencia de convenios internacionales de seguridad social en México

Abstract

La posición de México es paradójico al mopmento de analizar su panorama migratorio y sus acuerdos internacionales de seguridad social. A pesar de ser simultáneamente país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, con una diáspora estimada en 12 millones de connacionales en el exterior, cuenta únicamente con dos convenios bilaterales de seguridad social vigentes: uno con Canadá (1996) y otro con España (1995). Esta situación contrasta radicalmente con países de América Latina como Brasil (≈30 acuerdos), República Dominicana (17 mecanismos) o Panamá (7 acuerdos bilaterales), y deja ver una gran brecha institucional. La investigación, desarrollada bajo un enfoque cualitativo, referenciado y documental incluye entrevistas semiestructuradas a expertos y funcionarios de organismos como la CISS e IMSS, parte de la pregunta central sobre cómo ha respondido la política migratoria mexicana en materia de seguridad social frente a la experiencia latinoamericana. La hipótesis sostiene que esta limitada cooperación internacional obedece principalmente a factores institucionales y políticos, más que a restricciones económicas o técnicas. El estudio examina, primero, el marco conceptual de la portabilidad transfronteriza de derechos: pensiones, atención médica, prestaciones familiares y seguridad laboral, reconociendo que los sistemas tradicionales basados en el Estado-nación resultan insuficientes ante la movilidad creciente de trabajadores. A continuación, analiza experiencias referenciadas de la Unión Europea, el Convenio Multilateral Iberoamericano, el MERCOSUR y la CARICOM, así como los casos de Brasil, Panamá y República Dominicana, identificando patrones institucionales, políticos y diplomáticos que favorecieron la consolidación de esos marcos. El análisis del caso mexicano revela una asimetría estructural: mientras México ha firmado 14 Tratados de Libre Comercio con 52 países y 30 acuerdos de inversión, su política exterior ha relegado sistemáticamente la seguridad social de los migrantes. Los factores explicativos identificados son cuatro: la priorización del crecimiento económico sobre la seguridad social; la fragmentación institucional entre el IMSS, el ISSSTE y los sistemas estatales; los costos financieros y político-electorales que impiden la negociación; y la falta de conocimiento técnico, en la que destaca el papel de veto que ejerce la Secretaría de Hacienda ante cualquier compromiso de gasto. Las conclusiones apuntan a que el obstáculo central no es técnico, ya que existen rutas alternativas como los acuerdos interinstitucionales, sino político: hay actores con poder de veto que bloquean el avance por las vías formales. México requiere una reorientación de su política exterior que sitúe los derechos sociales de sus migrantes al mismo nivel que sus intereses comerciales.