Defendiendo el territorio : lucha y resistencia campesina ante el establecimiento del confinamiento de residuos peligrosos, en el municipio de General Cepeda, Coahuila.

Abstract

El desarrollo del capitalismo en su fase neoliberal y la globalización en México han impulsado el crecimiento económico e industrial, lo que ha tenido consecuencias significativas en la propiedad y uso de la tierra. Aunado a ello, las modificaciones a la contrarreforma agraria de 1992, como la cancelación del reparto agrario y la apertura a la privatización de la propiedad social, ha desencadenado la desintegración de ejidos y comunidades, alterando los imaginarios colectivos, la forma de vida y la relación de la población con la tierra. Esta transformación amenaza la identidad de las comunidades campesinas, pues el territorio, tradicionalmente fuente de vida y sustento, se ve sustituido por intereses económicos ajenos. Esta industrialización es, muchas veces, responsable de generar externalidades que afectan severamente a las comunidades más vulnerables, quienes, a pesar de su vinculación con prácticas sustentables, ven amenazada su supervivencia por la contaminación y el deterioro ambiental. Este fenómeno se vincula con el concepto de metabolismo social, un proceso en el que los bienes naturales son explotados, procesados en la industria, consumidos y finalmente desechados en zonas de sacrificio. El caso del confinamiento de residuos peligrosos perteneciente al grupo ECOLIMPIO, en General Cepeda, Coahuila, es ejemplo de desarrollo económico con impactos socioambientales negativos. Este tipo de situaciones evidencia cómo las políticas neoliberales, centradas en el crecimiento económico a través de la industrialización, por lo general no contemplan los costos sociales y ambientales que afectan a las comunidades locales. A menudo, los proyecto que se presentan como soluciones para el desarrollo y el bienestar terminan ocultando su verdadero propósito, lo que genera un desequilibrio entre el progreso prometido y las consecuencias reales que enfrentan los habitantes. El caso de General Cepeda, en particular, pone de manifiesto cómo las promesas de empleo y prosperidad pueden ser utilizadas como herramientas de manipulación para llevar a cabo proyectos perjudiciales que priorizan intereses privados sobre la salud y el bienestar de las comunidades. En 2014, Javier Calderón Domínguez, representante legal de SEMNSA, presentó la simulación de un proyecto a través de un proceso de desinformación y manipulación, que prometía crear empleos mediante una maquiladora de ropa o una granja avícola, lo que indujo a los ejidatarios a ceder una fracción de tierras de uso común y aceptar el redestino y asignación para poder concretar el proyecto. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad de bienestar social, resultó ser un fraude, pues la verdadera intención era la instalación de un confinamiento de residuos peligrosos. El proyecto fue autorizado sin que la empresa cumpliera con la obligación de informar amplia y claramente sobre su naturaleza y, por tanto, sin el consentimiento pleno de la población afectada, que inicialmente confiaba en los beneficios prometidos por el representante de SEMNSA. Una vez que se tuvo conocimiento del proyecto, denominado “Construcción de un sitio para reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”, en un momento en que la empresa ya había obtenido la autorización en materia ambiental, las comunidades afectadas comenzaron a organizarse en diferentes acciones colectivas para defender su territorio. La falta de transparencia y el contubernio de instancias de los tres niveles de gobierno permitieron que el proyecto avanzara sin un análisis adecuado del impacto en la salud y el entorno, violando así los derechos civiles y ambientales de la población. A pesar de las protestas y movilizaciones, el confinamiento comenzó a operar amparado en autorizaciones que la empresa consiguió mediante simulaciones y engaños. El colectivo Si a la Vida surgió como respuesta a esta amenaza, uniendo a ejidatarios y pobladores de la región en un esfuerzo conjunto para detener el proyecto y exigir el respeto a sus derechos. Después de un tiempo de búsqueda de justicia por medio de diversas manifestaciones, el colectivo acudió al apoyo legal para impugnar la autorización del confinamiento, lo que llevó a interponer y ganar demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Sin embargo, el proyecto continuó operando de manera ilegal, reflejando cómo el capital y el estado mediante la desinformación, la corrupción y la cooptación de las instituciones, sigue imponiendo proyectos que priorizan el beneficio económico por encima de la salud pública, el ambiente y los derechos de las comunidades.