Crónicas Sobre las Aguas de General Cepeda, Coahuila (1867-2022). Fragmentaciones, Manejo Mancomunado, Privatización, Oligarquías, Despojo a Campesinos y Fractalidades en un Territorio Semidesértico

Abstract

Desde el Virreinato, los principales centros urbanos de Coahuila se consolidaron en los piedemontes de la Sierra Madre Oriental, donde afloraban numerosos manantiales que permitieron el florecimiento de las actividades agropecuarias como alternativa a la minería. Con ello, se definieron formas de desarrollo económico alternativas a los de las regiones mineras y con ellas sus particulares sistemas de producción e instituciones económicas. En esta tesis se sostiene que las instituciones tradicionales para el manejo mancomunado de las escorrentías que hoy todavía persisten en algunos lugares del Desierto Coahuilense se originaron desde hace cientos o miles de años en regiones con déficit de humedad del Viejo Continente. Dichas instituciones pueden ser concebidas como constructos sociales, cuya eficiencia y funcionalidad se sostenían sobre la base de que estaban integradas a valores comunitarios tradicionales y la concepción del agua como bien común, pero también en constructos físicos que permiten contener, desviar y distribuir dichas aguas broncas; lo anterior dicho de otro modo refiere a conocimiento social acoplado con conocimiento técnico hidráulico. Esos sistemas institucionales, tecnológicos y administrativos fueron diseñados para operarse con reglas de gobernanza del modo de producción precapitalista; siendo por eso que basan su aplicación en acuerdos de manejo mancomunado, que durante el medioevo ibérico fueron formalizados en las leyes establecidas por Alfonso X; es decir, en la base del Derecho Castellano, que tiene sus raíces en el Derecho Romano; que fueron replicadas por los invasores españoles en las haciendas y latifundios del semidesértico Altiplano Mexicano. El manejo mancomunado del agua sobrevivió a los tres siglos que abarcaron los latifundios del Marquesado de Aguayo y de la familia Sánchez Navarro y no fue sino hasta el Siglo XIX cuando empezaron a ser llevados a tribunales algunos conflictos por las escorrentías entre algunas de las haciendas que resultaron del fraccionamiento del latifundio. Resulta significativo el hecho de que tal tipo de manejo fue resiliente al fraccionamiento que se hizo de las haciendas para dotar de de tierra a campesinos durante la tercera década del siglo XX; pero no aconteció lo mismo con las infraestructuras físicas que fueron parte del sistema hidrotécnico del latifundio y de las haciendas, ya que tras las fragmentaciones territoriales dejaron de ser funcionales, en algún momento. Para poder acceder a una respuesta respecto a cuál o cuáles son las razones por las cuáles fueron tan contrastantes los impactos de las fragmentaciones territoriales en las instituciones para el manejo del agua y en las infraestructuras hidrotécnicas, en el sentido de su resiliencia y su liabilidad, se hicieron algunas reflexiones, de las cuales se desprenden las siguientes premisas y conceptos: i) tanto infraestructuras de ingeniería como acuerdos sociales tienen en común el hecho de ser constructos humanos; ii) ambos constructos están de alguna manera montados sobre una base fisiográfica sólida, que es la cuenca; iii) una diferencia como constructos se encuentra en su estado de tangibilidad, ya que los primeros están hechos de materiales concretos y los segundos de conceptos; iv) a partir de lo anterior, se pueden definir las primeras como constructos físicos y los segundos como constructos sociales; v) por su parte, a pesar de su solidez, las cuencas poseen una propiedad que no poseen otros componentes del paisaje ecológico, como pueden ser el suelo y la vegetación, que es el de la fractalidad. Más allá del enfoque sociohidrográfico anterior no debiera perderse de vista que la explicación acabada está sujeta a múltiples factores dentro de un escenario complejo, dentro del cual las políticas gubernamentales han tenido un peso determinante para inducir el colapso de las infraestructuras hidrotécnicas de la época hacendaria. Esto es, que se debe reconocer la gran influencia que tuvo el Estado para forzar un “estilo del desarrollo” basado en la producción de fibras vegetales duras de la región, a la par de aplicar vedas a la extracción de aguas en varios acuíferos subterráneos, que impidieron el desarrollo de las actividades agropecuarias. Situación muy contrastante con los permisos a diestra y siniestra que se otorgaron a propietarios privados de la vecina Comarca Lagunera. La contrastante diferencia entra la orientación de las políticas públicas para el empleo de las aguas subterráneas de la Región Sureste de Coahuila y la Comarca Lagunera pone en duda si tal esquema de ejercicio de poder estuvo fundamentado en un maquiavélico plan destinado a subordinar a ambas regiones a las necesidades de los Estados Unidos de América, con resultados que para desgracia de los campesinos del Sureste los condenó a seguir viviendo en la miseria por dos o tres generaciones más, tras habérseles dotado de tierras para supuestamente hacerles valer las aspiraciones agraristas sintetizadas en el lema “Tierra y Libertad”. La proletarización y migración campesina significaron la desarticulación de las sociedades tradicionales rurales, cuya evolución espacial se ha ido presentando en la región con las mismas tendencias que son observables en la generalidad de los casos de expansión urbano industrial: en relación inversa con la cercanía que tienen las localidades con los focos expansivos del modelo económico. Dado que General Cepeda y de Parras de La Fuente, dentro de su vecindad, tienen la peculiaridad de confrontar dos de esos focos, uno al oriente basado en la industria metalmecánica asentada en Saltillo y otro al poniente basado en la agroindustria de Torreón/Gómez Palacio, la dinámica de reconversión a sistemas de producción capitalista de tierras y aguas que en el pasado reciente sostenían sistemas productivos tradicionales presenta perfiles diferentes, dependiendo del foco expansivo al que se encuentren más cerca: en el primer caso prevaleciendo los del sector industrial metalmecánico y en el segundo los del sector agroindustrial. Este detalle no es asunto menor, en tanto que los sistemas de producción hortofrutícolas y agroindustriales que se viene expandiendo a General Cepeda desde el poniente ocupan cantidades ingentes de agua y las extracciones de ésta a partir de mantos subterráneos que se hacen para los cultivos de plantación son, con mucho, la principal fuente de los conflictos que actualmente se están dando por ese bien natural. A muy pocos años de la contra reforma agraria, las concesiones y permisos otorgadas por el Estado para la extracción del agua subterránea han sido acaparados por actores que por regla general están ligados en alguna medida a la oligarquía inmobiliaria de la Región Sureste de Coahuila. Su presencia conlleva su carga de valores individualistas que afectan valores comunitarios y modos de vida de las sociedades campesinas, generando otro tipo de fragmentación: la sociocultural. El individualismo golpea, mella y termina fisurando los ancestrales valores comunitarios; desconfigura la noción de bien común que se tenía del agua, imponiendo la concepción mercantilista de bien privado; trastoca la perspectiva de su valor de uso, fundamental para la vida. Con la fragmentación sociocultural se promueve el desplazamiento de la solidaridad entre los miembros de las sociedades afectadas, se pierde el sentido de cohesión comunitaria y se afianza el individualismo. El acaparamiento y uso descontrolado de aguas subterráneas por empresas inmobiliarios cuyos dueños forman una oligarquía junto con las élites políticas que han gobernado al estado desde la Revolución Mexicana consolida la imposición de extractivismo y en general los valores y normas del capitalismo entrado a su fase de despojo; el agua se deja de apreciar como elemento vital para la sobrevivencia de “los otros”, los despojados, los que ya no la tienen; se violenta el derecho humano que tienen, para acceder a ella. En esta tesis se sostiene que la fragmentación territorial derivada de los cambios al marco jurídico constitucional de 1992 ha sido más grave que sus antecesoras de 1867 y 1917 porque está destruyendo las instituciones tradicionales, mediante la enajenación y desintegración de las comunidades campesinas; expulsando indirecta o directamente a los actores locales y normalizando el despojo de sus tierras y de sus aguas. Las evidencias recabadas en campo, realizando una aproximación a los conflictos por el agua a escala micro, indican que la modalidad de capitalismo que actualmente se está imponiendo en la región de estudio es la que se basa en la acumulación por despojo; el registro que aquí se deja sobre una muerte atribuible al contubernio de empresarios y funcionarios gubernamentales para despojar de tierras e imponer un confinamiento de residuos industriales tóxicos, así como las amenazas de muerte a activistas contra este proyecto de muerte son evidencias claras de que al menos alfunas facetas del modelo económico de la Región Sureste de Coahuila se encuentran ya a las puertas de la fase denominada necrocapitalismo.