La influencia de poderes fácticos en la elaboración de leyes federales : la Ley Televisa II en contra de los derechos de las audiencias.

Abstract

La tesis doctoral ofrece una revisión detallada donde se analiza la construcción y ejecución de la Ley Televisa II, la cual más que replantear la relación existente entre medios y democracia, forma parte de un camino bifurcado entre el acceso ciudadano a los medios tradicionales de comunicación y los candados autoritarios existentes de los detentores del espectro radioeléctrico. Así, aunque el estudio plantea una imposición de los intereses del duopolio televisivo sobre los derechos de las audiencias, plantea la problemática emanada de la transición del Estado mexicano desde una versión autoritaria a una paulatinamente democrática. Por ello, resulta necesario desarrollar la importancia de los medios y su vínculo con el derecho a la información y la libertad de expresión. Por ello, en el primer capítulo se presenta una muy interesante reflexión sobre ¿hasta qué punto la libertad de expresión que defienden los medios de comunicación se debe garantizar si ello atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía en general? Este primer apartado expone también las razones por las que los medios de comunicación se convirtieron en el “cuarto poder” y pasaron de ser un contrapeso adicional a los poderes tradicionales del Estado a lograr una sublime dependencia de las élites políticas hacia ellos. Para el segundo capítulo, se emprende un análisis del desarrollo del poder fáctico mediático en México a partir del recuento de las acciones impulsadas por los gobiernos que a lo largo de la historia han favorecido a los dueños de los medios de comunicación. Lo cual permitió afirmar que ha sido el gobierno mexicano quien ha cobijado el poderío de los medios de comunicación impulsándolos como poder fáctico. En el tercer capítulo se demuestra la influencia de poderes fácticos en la elaboración de leyes: la Ley Televisa II contra los derechos de las audiencias a partir de los pasos siguientes: primero, la identificación de la normatividad que regulan los derechos de las audiencias en la ley mexicana mediante la LFTyR y los Lineamientos Generales de Defensoría de las Audiencias. Después examinando los antecedentes a la Ley Televisa II mediante controversias constitucionales para entrar de lleno al análisis del proceso legislativo por el que se aprobó la iniciativa de ley. Con ello, se demostró a partir de un comparativo de la LFTyR 2014 versus la 2017 que los verdaderos intereses detrás de la modificación a la ley secundaria tenían como objeto mantener un acuerdo comercial entre las televisoras y los partidos políticos de forma que no fueran sancionados por la autoridad electoral. De modo que en el último capítulo se plantea a partir de tres casos de la agenda comunicativa -que han tenido lugar en los dos primeros años de gestión- si el actual gobierno tiene como una de sus prioridades sentar las bases de una democracia comunicacional o si solo ha sido una de las esperanzas acumuladas por la sociedad mexicana. De esta manera, el último capítulo contempla los aciertos y desaciertos del gobierno actual en el caso de los medios públicos, el decreto presidencial en atención a los intereses económicos de los concesionarios y el juicio de amparo promovido por la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias (AMDA). En ese sentido, es menester mencionar que la presente investigación derivó de una indagación exhaustiva sobre todo lo suscitado en 2017 en relación a la reforma a la LFTyR en materia de derecho de las audiencias, incluyendo sus antecedentes y secuelas hasta julio de 2021, fecha en la que se concluyó la investigación. Situación por la cual, no fue posible contemplar en el análisis la deliberación final de todas las controversias constitucionales que se han presentado a la fecha. No obstante, resulta de gran utilidad para la discusión de problemáticas actuales: la garantía de los derechos de las audiencias como herramienta para enfrentar los intereses comerciales del poder mediático que ponen en riesgo el derecho a la información y la libertad de expresión; derechos indispensables para la construcción de una ciudadanía informada.