Barreras a la colaboración para la protección local a la infancia : El caso de las oficinas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile

Abstract

Dado que los problemas sociales han cambiado su configuración, se complejiza la capacidad requerida de los gobiernos para abordarlos. Por un lado, existe una demanda creciente por que los problemas sean tratados con una perspectiva multidimensional; por otro, los sistemas de gobernanza exigen la incorporación de una amplia gama de actores, que intervienen desde el diseño hasta la evaluación de las políticas públicas. En ese sentido Scharpf (1997) menciona que las políticas públicas no las produce un actor unitario con control sobre todos los recursos requeridos para el accionar gubernamental. Más bien, son resultado de la interacción estratégica de muchos actores, con sus propias comprensiones de la naturaleza del problema, con intereses individuales e institucionales, preferencias normativas, capacidades y recursos. Con base en los procesos identificados en el párrafo anterior, esta investigación asume como supuesto de partida que ante situaciones como la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), una sola agencia o actor es incapaz de proveer todos los servicios necesarios para asegurar la prevención, reparación y restitución de los derechos vulnerados. A partir de este supuesto, la protección a la infancia se asume como un asunto sistémico, cuyo campo de aplicación se define por los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño (CDN). Los sistemas de protección involucran actores tanto públicos como privados, por lo que pueden abarcar tanto la participación de las familias, como de los prestadores de servicios y actores de la sociedad civil. Lo que Winkworth & White (2010) identifican como los niveles de la pirámide de prevención