El devenir de la autoridad; construcción de subjetividad policial en el ámbito local

Abstract

Iguala de la Independencia; Guerrero, México. Septiembre del 2014. Con el objetivo de recaudar fondos para viajar a la Ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” (conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa), recolectaron dinero y tomaron autobuses de diversas líneas comerciales durante varios días, hasta que en la noche del día 26 y la madrugada del 27 de septiembre, mediante la supuesta orden del entonces alcalde, policías municipales los interceptaron e indiscriminadamente dispararon a los autobuses en que viajaban. Una parte de ellos logró escapar, algunos más resultaron heridos, otros fueron asesinados en el lugar, mientras que el resto de los estudiantes; 43, fueron detenidos y transportados en vehículos oficiales. Hasta ahora, ninguno de ellos ha sido localizado. Testimonios señalan que policías municipales, los entregaron a grupos de la delincuencia organizada del estado de Guerrero, quienes, según fuentes oficiales, los hacinaron, asesinaron y posteriormente los quemaron en un basurero público, arrojando a un lago, envueltos en bolsas plásticas, sus restos calcinados. Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han intervenido en las investigaciones no oficiales del caso, desmintiendo por unanimidad la “verdad histórica” que el gobierno mexicano dio a conocer. A la fecha, a pesar de la participación de grupos internacionales forenses y periciales en la investigación, nada se sabe sobre los estudiantes, que, hasta el día de hoy, continúan desaparecidos. San Salvador Atenco, Estado de México. Mayo del 2006. Luego de que se impidiera la reinstalación de un grupo de vendedores de flores en una de las principales calles del mercado Belisario Domínguez, en la comunidad de San Salvador Atenco, los floricultores pidieron apoyo del FPDT (Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra) intervención, que culminaría en uno de los mayores casos de violencia ejercida por policías del Estado de México hacia civiles. Las cifras oficiales señalan que esta agresión se generó por alrededor de 3500 policías de fuerzas combinadas, hacia 300 civiles, entre los que había hombres, mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad. Se registraron 106 detenciones arbitrarias de 47 mujeres, de las cuales, según registros, 26 fueron torturadas y abusadas sexualmente por policías, 16 de ellas menores de edad. Además, fueron detenidos 2 observadores de derechos humanos, 3 periodistas, y 5 personas extranjeras.