El derecho alimentario en la Ciudad de México: el caso del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 2022–2024.

Abstract

El presente trabajo de investigación analiza el derecho alimentario en la Ciudad de México, centrándose específicamente en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) durante el periodo 2022–2024. La investigación tiene como propósito estudiar la implementación, funcionamiento y efectividad de este mecanismo jurídico y administrativo, el cual fue creado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. A lo largo del trabajo se examina el concepto de derecho alimentario desde una perspectiva jurídica y social, abordando temas como la pensión alimenticia, el interés superior del menor y la responsabilidad del Estado en garantizar una alimentación adecuada y una vida digna. Asimismo, se analiza la evolución normativa del derecho alimentario en México y particularmente en la Ciudad de México, tomando en cuenta tratados internacionales, leyes federales y reformas recientes relacionadas con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y el RDAM. La investigación también estudia las principales problemáticas derivadas del incumplimiento de las pensiones alimenticias, destacando el impacto económico, social y emocional que esto genera en las familias, especialmente en madres autónomas y menores de edad. De igual manera, se revisan las restricciones y sanciones impuestas a los deudores alimentarios morosos, tales como limitaciones para ocupar cargos públicos, realizar trámites notariales u obtener ciertos documentos oficiales. Mediante una metodología mixta, que combina el análisis documental y el estudio de datos cuantitativos, se busca identificar si la implementación del RDAM ha contribuido a disminuir el número de deudores alimentarios morosos y mejorar las condiciones de vida de las personas beneficiarias. Finalmente, el trabajo propone reflexionar sobre las fortalezas, limitaciones y posibles mejoras del sistema, con el fin de fortalecer las políticas públicas relacionadas con el derecho alimentario y la protección de los derechos humanos.