Lavado de Dinero en México. Desafío al Orden Público 2000-2022.

Abstract

En México el lavado de dinero representa es la principal actividad delictiva que realizan las organizaciones criminales para financiar sus operaciones. La cantidad expresa en efectivo que es lavada en México, esta estimada en 44 mil millones de dólares para el año 2021, consecuencias de carácter negativo en aspectos sociales, económicos y políticos son los que este trabajo de investigación destaca. La norma jurídica expuesta en la Ley contra el lavado de activos expone de manera clara los lineamientos que deben seguir las autoridades y entidades financieras gubernamentales encargadas de vigilar las operaciones con efectivo, sin embargo, el actuar de los titulares de dichas entidades ha sido rebasado, debido a que el lavado de dinero en efectivo es una práctica difícil de rastrear secundaria de actos de corrupción. El presente trabajo de investigación surge tras el siguiente cuestionamiento de carácter central para el desarrollo del mismo: ¿Por qué ha fracasado el gobierno en el combate al lavado de dinero en México y cómo impacta al orden público? En respuesta a la cuestión, planteo la siguiente hipótesis: La falta de imperatividad y eficacia de la ley contra el lavado de dinero e impunidad hacia los infractores públicos y organizaciones criminales que incurren en la práctica demuestra que la actuación gubernamental es insuficiente. El objetivo general fue exponer los factores que afectan la estrategia gubernamental contra el lavado de dinero en México e impactan negativamente el orden público. Determinar el impacto social que conlleva el blanqueo de efectivo en México. Con base en la metodología documental y bibliográfica se analizo la política gubernamental encargada de combatir el lavado de efectivo y se ejemplifico la relación entre servidores públicos y privados que incurrieron en prácticas de lavado. El proceso documental y metodológico desarrollado en este trabajo permitió proponer una estrategia apegada al marco institucional vigente en México, el cual coordina las tres etapas básicas (colocación, estratificación e integración) contra el lavado de dinero.