Nivel de autonomía de los órganos coordinadores de evaluación estatal en México y calidad de sus trabajos

Abstract

La evaluación se incorpora en procesos de políticas públicas para examinar de forma sistemática y valorativa el diseño, puesta en práctica o resultados de una acción o intervención destinada a resolver un problema público, pudiendo incluir la validez del modelo causal utilizado en la concepción respectiva de una política (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2002; Subirats, Knoepfel, Larrue, Varonne, 2008). Para ello se necesita de una institucionalización que permita ejercicios evaluativos de forma regular y frecuente. América Latina ha avanzado en ese proceso, aunque la comparación entre países informa de la coexistencia de enfoques con énfasis diferentes: presupuestal o en políticas (Cunill-Grau y Ospina, 2008). México es “una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], 2016, artículo 40). Su proceso de institucionalización de la evaluación ha estado influido por el trabajo realizado en el plano federal, aunque el reconocimiento de la función de la evaluación en las entidades, así como la creación de instancias que coordinen su ejercicio, ha sido decisión de cada gobierno estatal. No obstante, el ritmo en la delimitación de mecanismos, facultades y desarrollo de las investigaciones aplicadas ha sido variado (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [Coneval], 2017).